G.M. Arias Rodríguez y L.A. Martínez Herrera – « Transiciones, resistencias y mujeres »

Gina Marcela Arias Rodríguez y Luis Adolfo Martínez Herrera

«Transiciones, resistencias y movimiento de mujeres: una perspectiva desde el caso colombiano»

1. Escenario transicional: decálogo de promesas en escenarios inestables

Las experiencias de transición de dictaduras a la democracia y de conflictos armados a la paz –como los casos de Centroamérica, Sudáfrica y actualmente en Colombia– dibujan escenarios de yuxtaposiciones de sentidos, en los cuales la promesa de la superación de las violencias, los anhelos por salidas negociadas a los conflictos armados y las expectativas ante el cierre de ciclos de violencia de carácter histórico, encuentran en las implementaciones a nivel local y regional, un desdibujamiento de los sentidos señalados, generándose una profunda brecha entre el anhelo transicional y las acciones específicas en los territorios que se alejan de las promesas señaladas.

Tal fractura entre las promesas transicionales y las realidades territoriales encuentra un escenario adicional de contradicción: los acuerdos de paz eje recurrente que estructura la instauración de escenarios transicionales promueven las líneas macro que se señalan para fraguar estados de guerra o de violencias históricas, pero no dibujan las acciones que permitan desestructurar las secuelas de las violencias en los cuerpos de quienes sufrieron dichas violencias. De esta manera, el discurso alusivo a la paz instaura pautas de acción que no logran desmantelar las secuelas de violencias incorporadas en las estructuras de pensamiento y sentimiento, ni tampoco en los cuerpos de quienes padecieron años de violencia y múltiples exclusiones.

Es importante señalar cómo los escenarios transicionales que han enmarcado los periodos de inflexión denotan el paso de unas condiciones críticas a la construcción de unos contextos ideales (modelos democráticos o sociedades con mecanismos socialmente válidos de resolución no violenta de los conflictos). Ambos apelan a la noción de memoria histórica, entendida como depósito de sentido en disputa, dispositivo inacabado y ethos político en transformación. 

Este nodo entre escenario transicional y memorias históricas, permite denotar un escenario que coloca en tensión la construcción de unos relatos históricos sobre los cuales se erigen los fundamentos de los pactos sociales, situación que empieza a erosionar las bases mismas del aparataje transicional[1] y sus alcances en el escenario de la vida cotidiana del conflicto armado o las violencias endémicas que se espera superar.

2. Elementos generales de contexto a la luz de las experiencias transicionales en el caso colombiano

El teórico francés Daniel Pacaut interpretaba a comienzos de la década de los años 90 las condiciones de violencia experimentadas en Colombia, subrayando una paradoja que matizaba el contexto colombiano: por un lado, reconocía una tradición civilista, con relativo crecimiento económico, monopolio de los partidos tradicionales y sensación de estabilidad general, pero a su vez identificaba la existencia de una violencia endémica, como la aguda descomposición del conflicto armado colombiano, planteando la siguiente interrogante: “¿cómo comprender la combinación de procedimientos ampliamente democráticos y de fenómenos de violencia a la vez explícitos y difusos?”.[2]

Así, mientras América Latina afrontaba a mediados del siglo XX múltiples dictaduras, Colombia exenta de las mismas, afrontaba formas de gobierno bajo el manto de la democracia. Pero justamente en medio de gobiernos no militares, sino expresiones de los partidos tradicionales (liberales y conservadores), Colombia ocupaba desde inicios de los años 70 hasta inicios del siglo XXI, el primer lugar a nivel mundial en tasa de homicidios.[3]

¿Esta situación no representa una afrenta al Estado de derecho, cuestionando las estructuras políticas que permiten la conservación y reproducción de éste? ¿No constituyen dichas expresiones de violencia(s) una situación histórica que desestabiliza al Estado Colombiano en el contexto latinoamericano? ¿No nos coloca en términos geopolíticos como un Estado desestabilizador en el ya convulsionado escenario regional?

En el marco de un conflicto armado interno que supera los 50 años, el Estado colombiano promovió a finales de los años 80 e inicio de los años 90, un segundo escenario transicional, construyendo con las guerrillas del M-19, el Quintín Lame, y el Ejército Popular de Liberación (EPL), un Acuerdo de paz para fraguar las violencias endémicas afrontadas por la sociedad colombiana en la década de los años 80.

Posterior a dicho proceso de negociación del Estado colombiano con las estructuras guerrilleras se da inicio a un nuevo periodo de violencias que inicia a mediados de la década de los años 90 y finaliza a mediados de la primera década del siglo XXI.

El imaginario social de convivencia y reconciliación promovido en el marco del acuerdo de paz fue reemplazado por el periodo de mayor victimización del conflicto armado. La época más grave del conflicto armado en Colombia, señala Ávila[4], se registró en el periodo comprendido entre 1995 y 2005, periodo en el que se presentaron el 60% de víctimas de un conflicto armado de 55 años, cuando se reportó el mayor número de choques entre guerrillas, militares y paramilitares y se desarrollaron las más importantes estrategias de guerra en el contexto colombiano. 

Es posible identificar un tercer escenario transicional recreado en el marco del acuerdo de paz instaurado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP que promovió la creación de un acuerdo de paz en bloque, lo que en palabras de los negociadores significa que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Los avances en la mesa de negociación no se irían implementando parcialmente en su desarrollo, sino que la negociación incorporaría los acuerdos oficialmente solo hasta el momento de firma final entre las partes.

Las negociaciones trazaron cinco puntos temáticos y un punto metodológico que integraron los objetivos a negociar entre las partes, para lo cual trabajarían en comisiones y subcomisiones que se desarrollaron entre los negociadores de los acuerdos en cada punto. Los puntos temáticos fueron la Política de Desarrollo Rural Integral, que ha sido una de las banderas históricas de las FARC-EP desde su creación; la Participación Política, en el cual se analizaron las condiciones de participación política de la izquierda en Colombia y los sistemas de participación comunitarios en los cuales las FARC-EP pueda incidir; Fin del Conflicto, donde se analizaron las implicaciones reales de la guerra en Colombia y la estrategia de superación de la guerra; la Solución al problema de las drogas ilícitas, en el cual se presentaron las propuestas de las partes para erradicar el narcotráfico, ya que es considerado por las partes como un motor fundamental de la violencia en Colombia; y la determinación de quiénes son víctimas del conflicto armado, como estrategia de reconocimiento de los excesos de la guerra, incorporando la perspectivas de las víctimas y su apoyo para la superación del conflicto. Además de estos puntos se desarrolló el punto del Mecanismo de refrendación de los acuerdos, que buscaba establecer la figura normativa y política con la que se legitimaran los acuerdos en el Estado colombiano.

Distintas entidades internacionales han señalado los significativos avances en el proceso de implementación, particularmente en ejes centrales como la participación política, el fin de las hostilidades con la entrega de las armas por parte de las FARC y su incorporación a la vida civil de cerca de 13,000 guerrilleros, con avances en la instauración e inicio de acciones del aparataje transicional, como lo son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición y la Jurisdicción Especial para la paz. Los mayores retos se siguen presentando en los territorios en los cuales distintos grupos económicos y políticos siguen promoviendo prácticas sociales de poder y autoridad mediadas por acciones ilegales por las que se continúan reproduciendo prácticas violentas en las regiones.

En la actualidad, se registran 21 estructuras denotadas como “disidencias de las FARC”, las cuales representan una minoría: se calculan aproximadamente 3,000 mujeres y hombres pertenecientes a dicha estructura. Pero si se suma el asesinato de 135 ex-miembros de esta estructura[5] desde la firma de paz (26 de noviembre de 2016) hasta la fecha, acompañados de los incumplimientos en ejes estratégicos como el tema de tierras o las garantías a la oposición política, la situación es más delicada. 

3. Movimiento social de mujeres y resistencias frente a la guerra

Ante el complejo panorama descrito, las mujeres alzaron su voz para expresar que la guerra reproduce y profundiza prácticas de dominación habituales y legitimadas en el sistema patriarcal, en que los cuerpos de las mujeres son tomados-desechados-cosificados como mecanismo para instaurar el miedo ejemplarizante a las comunidades y ejercer control territorial, para “herir el honor del enemigo” y para desestructurar el tejido comunitario. Las mujeres alzaron su voz para denunciar que una de las expresiones más profundas del patriarcado es el militarismo, en el que se exacerban los valores y comportamientos más agresivos para desvalorizar y humillar al enemigo a través del cuerpo de las mujeres, promoviendo el desprecio por la vida, por la diferencia, y destruyendo los territorios sin consideración alguna. Esta híper masculinización y esta forma de ejercer violencia sobre los cuerpos –entendido por Rita Segato[6] como mandato de masculinidad– evidencia la necesidad de supremacía en la dimensión sexual, física, política, económica, moral y bélica, que sustenta toda forma de violencia y de dominación masculina que se ensaña con los cuerpos femeninos.     

Pero las mujeres también generaron iniciativas de supervivencia y de resistencia: su capacidad de movilización les ha permitido sobrellevar el dolor y también incidir en espacios locales y nacionales para que sus voces sean escuchadas, sus derechos reconocidos y el anhelo de vivir en un país en paz fuera posible. 

Las iniciativas de mujeres no fueron las únicas que surgieron en los años 90 del siglo pasado, década que vio nacer distintas iniciativas por la paz en Colombia, entre ellas, la Ruta Pacífica de las Mujeres. El historiador Mauricio Archila[7] refiere que la década de los años 80 fue el tiempo en que se dieron los antecedentes para la explosión de dichas expresiones en contra de la guerra y a favor de la paz. Los estudios han mostrado que “de manera concomitante al escalamiento del conflicto, existen grandes esfuerzos sociales por transformar la realidad de nuestro país”.[8]

La Ruta Pacífica de las Mujeres surge en 1996 con una movilización de aproximadamente dos mil mujeres hacia un municipio del Urabá antioqueño. Su motivación era la de acompañar y rodear a las mujeres que estaban siendo víctimas de vejámenes sexuales por parte de los actores armados. Tomamos como inspiración la experiencia de Mujeres de Negro, movimiento de mujeres feministas, pacifistas y antimilitaristas que se visten de negro para manifestar el luto, el dolor y para protestar por la guerra y la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. De este modo, en la Ruta Pacífica de las Mujeres tomó como referentes el feminismo, el antimilitarimo y el pacifismo, y se movilizó hasta los territorios más azotados por el conflicto armado para, en clave de sororidad (hermandad entre mujeres), visibilizar los impactos del conflicto armado en la vida y el cuerpo de las mujeres y exigir al Estado colombiano una salida política y negociada al conflicto. 

Mauricio Archila afirma que en las organizaciones de mujeres el problema de la violencia las hizo movilizarse e incluso tomar el papel de vanguardia, no solo motivadas por los roles tradicionales, sino también con una actitud distinta ante la guerra. Este papel de vanguardia se refleja incluso en la poderosa incidencia del movimiento de mujeres y organizaciones LGBTIQ en el proceso de negociación de La Habana, logrando la creación de la Subcomisión de Género, considerada por expertos y expertas internacionales como un hecho histórico en los procesos de negociación de conflictos bélicos en el mundo.[9]

La experiencia de resistencias y persistencias de la Ruta Pacífica ha encontrado en lo simbólico, lo ritual y lo espiritual, una fuerza poderosa para acompañar, para generar procesos de sostén político y emocional a las mujeres[10] y para incidir en los entornos inmediatos sobre la necesidad de construir paz territorial a partir de la resolución no violenta de los conflictos, del reconocimiento de la otredad, la justicia, la autonomía y la libertad.

Con nuestra consigna “No parimos hijos e hijas para la guerra” queremos significar que la fuerza de la maternidad y de dar luz a hijos e hijas no puede ser para nutrir los ejércitos de los grupos armados ilegales ni para las fuerzas del Estado. Reclamamos para nosotras el derecho de vivir en paz; y para los niños, niñas y jóvenes exigimos el derecho a una vida digna y con oportunidades, superando la violencia estructural que facilita ser objeto de reclutamiento para las organizaciones armadas. Sobre este punto, vale la pena señalar que una de las motivaciones para el desplazamiento forzado de las mujeres, tiene que ver con el temor al reclutamiento de sus hijos. Un estudio realizado por UNICEF[11] da cuenta de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió a 5,252 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, entre noviembre de 1999 y enero de 2013.

Por otra parte, con la consigna “Mi cuerpo no es botín de guerra” queremos llamar la atención y visibilizar las violencias sexuales que se ejercen en los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. La Ruta publicó el trabajo de investigación “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado”, donde evidenció que el 12% de mil mujeres que dieron su testimonio, sufrieron violencia sexual. El Centro Nacional de Memoria Histórica reporta 15,738 víctimas de este delito, sin contar con el sub registro y que es un delito que tiene el 95% de impunidad.[12] Asimismo, como el patriarcado toma el cuerpo de las mujeres para ejercer violencia, el reclamo de las mujeres se hace también a partir del auto-reconocimiento y del empoderamiento del cuerpo femenino; de este modo, en los torsos desnudos en plantones y movilizaciones se hace visible con la consigna “Mi cuerpo, primer territorio de paz”, con la que se reclama el respeto por el cuerpo, por los territorios y el derecho a una vida libre de violencias en lo público y en lo privado.

Por otra parte, las organizaciones de mujeres, y en particular en la Ruta Pacífica hemos desarrollado modos particulares de organización y vinculación, inspiradas en las experiencias comunitarias, de relación cotidiana, donde valoramos cada paso que damos en lo local, incluso en lo íntimo, que se refleja en las decisiones que cada mujer toma para participar de los talleres, encuentros y movilizaciones, muchas veces, teniendo que afirmarse cuando son sus propios familiares quienes se oponen a estos procesos. En ese sentido, como lo plantea Rita Segato, la política en clave femenina se vive en lo cotidiano, en el espacio vincular; la dimensión emocional y afectiva se toma como fuerza potente para las pequeñas transformaciones. En palabras de la antropóloga, “lo que debemos recuperar es su estilo de hacer política en ese espacio vincular, de contacto corporal estrecho y menos protocolar, arrinconado y abandonado cuando se impone el imperio de la esfera pública”.[13] Estas prácticas de lo cotidiano, lo vincular y lo espiritual, han permitido resistir a la imposición de la violencia y persistir e insistir –aún en medio de la adversidad– en la construcción de un país en paz.

Pero, no queremos cualquier paz, no nos hemos movilizado y atravesado el país solo para exigir el silenciamiento de los fusiles, además de ello hemos imaginado un porvenir, un presente y un futuro con garantías sociales, en el que se propongan mecanismos para una vida digna. Hemos trabajado por una paz positiva[14]. En ese sentido, nos reafirmamos en nuestra consigna “Ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima”.

4. A manera de cierre

El aparataje transicional en proceso de construcción en el caso colombiano se erige como una respuesta necesaria a un conflicto armado que supera 50 años de existencia y que debe ser defendido ante los intentos del gobierno actual por desestimar y desestructurar lo transitado.

A pesar de tal premisa, se torna necesario problematizar algunas de sus lógicas de acción para poder avanzar hacia la salida negociada de nuestros conflictos. En esta dirección, el andamiaje transicional no ha logrado los consensos que le permitan representar las apuestas de paz de la sociedad colombiana. Sus estructuras institucionales no han construido alcances locales y regionales que permitan pasar la página a medio siglo de conflicto armado.

Las lógicas de la guerra inscritas en la vida cotidiana de las regiones, en particular en la vida y el cuerpo de las mujeres, aún operan como los mayores detractores para las apuestas de paz, integración y reconciliación nacional. Sumado a ello, los acuerdos aun incumplidos por parte del Estado colombiano ante los acuerdos trazados, los intereses de los agentes políticos y económicos que operan desde las dimensiones grises y las acciones crecientes de los actores ilegales que han instaurado mercados criminales en las regiones[15], perfilan un escenario en el que el discurso alusivo a la paz pierde su capacidad de movilización y, por el contrario, incrementa la frustración ante los pactos incumplidos.


Notas

[1] ARANGUREN, Juan Pablo. La gestión del testimonio y la administración de las víctimas: el escenario transicional en Colombia durante la ley de justicia y paz. Editorial Siglo del hombre, 2012.

[2] PÉCAUT, Daniel (1991). Colombia: violencia y democracia. Análisis Político, [s.l.], n. 13, p. 27, mayo 1991. ISSN 0121-4705.

[3] MARTÍNEZ, Luis Adolfo. “Retos del posacuerdo: Violencia homicida y prácticas sociales violentas en la ciudad de Pereira” en Sociedad y Economía 33 (2017) 289-310.

[4] AVILA, Ariel. Detrás de la guerra en Colombia. Editorial Planeta Colombia, 2019.>

[5] Cifra publicada por el partido FARC, quienes poseen una bancada de senadores y representantes, resultado de los Acuerdos de paz firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos, el 24 de noviembre de 2016.

[6] Entrevista a Rita Laura Segato.

[7] ARCHILA, Mauricio. Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-1990. Bogotá: ICANH & CINEP, 2003.

[8] GONZÁLEZ, Katherine. Iniciativas de paz en Colombia. Civilizar 10 (enero-junio de 2010) 39.

[9] ONU-Mujeres. 100 medidas que incorporan la perspectiva de género en el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, 2017.

[10] ARIAS-RODRÍGUEZ, Gina. “¿Mujeres víctimas? Víctimas empoderadas, dolidas y emputadas” en Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Reconstrucción de subjetividades e identidades en contextos de guerra y posguerra. Universidad de Manizales & Universidad Católica de Pereira, 2019.

[11] INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES & FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. Impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de niños, niñas y adolescentes (Convenio NAJ-661, Bogotá, noviembre de 2014).

[12] Centro de memoria historica.

[13] SEGATO, Rita. La guerra contra las mujeres. Traficante de sueños, 2016. P. 27.

[14] GALTUNG, Johan. Human rights in another key. Cambridge: PolityPress, 1994.

[15] MARTINEZ, Luis Adolfo. (2017). Contrabando, narcomenudeo y explotación sexual en Pereira, Colombia. Revista mexicana de sociología79(3), 459-486PÉCAUT, Daniel. “Colombia: violencia y democracia” en Análisis Político, n. 13, (mayo de 1991) 35-50.


Autores

Gina Marcela Arias Rodríguez es es Psicóloga, Universidad Católica de Pereira. Magíster en Psicología Comunitaria, Universidad de Chile. Doctora en Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana de México. Docente Universidad Católica de Pereira. Grupo de investigación Comunicación y Conflicto. Activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres.

Luis Adolfo Martínez Herrera es Sociólogo, Universidad del Valle. Magíster en Comunicación Educativa, Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina. Docente Universidad Católica de Pereira. Grupo de Investigación Comunicación y Conflicto. Coordinador del Programa de investigación en Transiciones, memorias y violencias.